La libertad sindical, dilema para Cristina

¿Se atreverá el kirchnerismo finalmente a modificar el modelo sindical, como siempre prometió y como algunos sectores –Carta Abierta, por ejemplo– le piden? No parece probable que lo haga en este año electoral, pero lo cierto es que en poco tiempo una vez más la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se lo demandará, como viene haciendo hace varios años.

El actual modelo, íntimamente ligado a su creador el general Juan Domingo Perón, constituyó un sindicalismo que, aunque con sus falencias, fue fuerte y suplió deficiencias del Estado en cuanto a salud y recreación con sus obras sociales y sus hoteles. 

El modelo toma el nombre de "unicato" para analistas, y de "sindicalismo de Estado" para historiadores. Tuvo su primer embate a fines de 2008, cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió que cualquier trabajador puede ser delegado gremial, aunque no esté afiliado al sindicato, si bien falló para un solo caso, el de un gremio estatal.

Ahora será la OIT quien lo considere, entre los temas que tiene en junio la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Allí figura en agenda la modificación de la actual legislación (Ley 23.551) que sigue esos lineamientos, nacida desde el peronismo hace casi setenta años, y que una sola vez en su historia fue derogada. Sin embargo, fuentes de la organización internacional advierten que el tema podría ser postergado, ya que la prioridad es analizar la crisis del empleo en varios países europeos.

Uno solo por rama. Unos días antes del 17 de octubre de 1945 el gobierno de Edelmiro J. Farell sanciona el Decreto 23.582, por el cual el Estado autoriza la existencia y otorga personería gremial a un solo sindicato por rama de actividad, sin distinción de oficio o categoría. Esta norma de asociaciones profesionales es la que asentó la estructura sindical y se mantiene, con ligeras variantes, hasta la fecha.

La legislación es complementada años después, por ejemplo en 1953 por la Ley 14.250 de Convenios Colectivos, que otorga la facultad de acordar estos instrumentos legales sólo a los sindicatos con personería.

El único régimen político que la anuló fue la Revolución Libertadora, en 1955 cuando el general Aramburu decreta la "libertad sindical"con el decreto 9.270, que permite crear tantos gremios como se deseara por actividad o por rama. Poco tiempo después, los sindicatos se reagruparon en distintos núcleos, como los "32 Gremios Democráticos", que agrupa a los no peronistas y las "62 Organizaciones", que impulsan las entidades peronistas, comunistas y socialistas con algunos independientes. El desarrollo del llamado pacto Perón-Frondizi, abre el camino para retornar a la antigua legislación laboral, y, en 1958 nace la Ley 14.455. Durante el gobierno radical de Arturo Illía hay un intento de modificar algunos aspectos de la ley a través del decreto 969/66, pero sin alterar la base del modelo. La denominada Revolución Argentina, en especial durante el onganiato, aceptó negociar posiciones como la Ley de Obras Sociales, y no modificó la ley. En el tercer turno peronista –Cámpora- Perón-Isabel– este tema no se abordó. Y después del golpe no hubo prácticamente actividad sindical y la dictadura simplemente ignoró la ley.

La ley Mucci. Recuperada la democracia en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsin intenta la democratización sindical, pero sin cambiar el modelo. Busca ampliar la participación de los afiliados en las organizaciones, promoviendo elecciones con miembros de mayoría y minoría en las comisiones directivas. No tuvo apoyo gremial peronista, salvo casos aislados, como Andrés Framini o Alberto Piccinini. La modificación –la llaman ‘ley Mucci’– es rechazada por un voto en la Cámara alta.

El hecho relevante se produce durante el cuarto turno peronista, a cargo de Carlos Saúl Menem. En 1992 nace la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Sus objetivos eran autonomía y democracia sindical, y la apertura a otras organizaciones sindicales, instalando un sistema de afiliación y voto individual. Para ello reclamó la personería gremial, que persigue hasta el día de hoy.

A favor y en contra. Los dos sectores de la CTA, la hoy dividida central alternativa, se adjudican la personería gremial que le otorgaría en breve el Gobierno, si prospera la tesis del titular de la Organización del Trabajo (OIT) sobre las nuevas recomendaciones que se harían tras el debate que se espera en junio. Victorio Paulón, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores (oficialista, orientada por Hugo Yasky) cree que "no es evidente que el caso argentino tenga resolución este año, por la cantidad de temas pendientes del año pasado". El debate se trabó por la actitud cerril de las patronales europeas que "pretenden volver para atrás hasta con el derecho de huelga" y porque "si bien los expertos reclaman por la libertad sindical reconocen los avances del Gobierno en materia de negociación colectiva". Sobre la personería gremial, dice este histórico dirigente sindical, preso durante la dictadura, que "nosotros reclamamos, para avanzar, los decretos que homologuen las que tienen personería con las que están simplemente inscriptas." La equiparación sería en materia de representación en el conflicto, descuento por planilla de los aportes y fuero para los delegados. Según la visión de Paulón, "el monopolio de representación es el poder del aparato sindical en la Argentina. En rigor de verdad habría que suprimir la personería gremial, que es la llave del unicato. Poner piso de representación y abrir el debate para que el movimiento obrero se posicione frente a la etapa, como lo hizo a lo largo de la historia y no reduzca su accionar a las plegarias por el impuesto a las ganancias."

Por su parte, Horacio Meguira, director jurídico de la CTA Nacional, que lidera Pablo Micheli, recuerda que el "caso argentino", sobre violación al convenio 87 de la OIT, "no es nuevo" y que el gobierno argentino no ha cumplido ninguna de las observaciones que le hicieron los organismos de control de la OIT. "El Comité de Libertad Sindical ya le exigió reconocer a la CTA en 2004", subraya. En la próxima Conferencia de la OIT, destaca Meguira, "vamos a impulsar nuevamente el tratamiento del caso de nuestro país, sobre todo el retardo injustificado al pedido de personería de la CTA". La central de Micheli pedirá "sanciones más severas para el gobierno argentino, ante el tiempo transcurrido y la violación de sus propios compromisos con distintas misiones que visitaron nuestro país en estos años".

¿Profundizar el "modelo"? Desde algunos sectores se ha insistido en una "democratización" del modelo, pero sin "atomizarlo". Esa es la base de una propuesta avanzada por los intelectuales oficialistas nucleados en Carta Abierta. Dicen, entre otras cosas, que las viejas conducciones "no pueden admitir que la incorporación de 4 millones de jóvenes trabajadores al circuito productivo acentúe la urgencia de un modelo distinto con democracia interna y mayores libertades de actuación y representación". Para Carta Abierta, "el viejo modelo seguirá siendo una atmósfera propicia para el conservadurismo y la reacción si no es superado con la promoción de leyes que garanticen la plena participación de los trabajadores, que naturalicen métodos transparentes de elección, que ilegalicen los procedimientos y prácticas que naturalizan el fraude y la proscripción de listas opositoras y aseguren representación de las minorías." Lo que la ley Mucci proponía en 1983, pero que el peronismo rechazó.

Un reclamo que ya tiene nueve años

Entre el 5 y 12 de junio deliberará en Ginebra la 102ª Conferencia de la OIT, un organismo tripartito integrado por gobiernos, empresarios y trabajadores nacido por el Pacto de Versailles, en 1919, responsable de la elaboración y supervisión de normas internacionales de trabajo. Cerca de 5 mil delegados de 185 países tratarían, entre otros temas, la falta de definición del gobierno argentino respecto al pedido de personería de la CTA, solicitado hace nueve años. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, integrada por 18 catedráticos, entre ellos el argentino Mario Ackerman, tomó nota de la información del Gobierno, pero reiteró todas las observaciones que hace desde agosto de 2004, como también de la incompatibilidad argentina con el convenio 87 de Libertad Sindical. Su titular, el inglés Guy Ryder, ex titular de la Central de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), abordó esto durante su visita al país en febrero. Dijo esperar un avance en torno a las recomendaciones efectuadas por la OIT sobre libertad sindical. No sólo la CTA fue recibida por el director de la OIT. Ryder habló con los núcleos en los que actualmente se encuentra dividida la Confederación General del Trabajo (CGT), que coinciden en defender la ley creada por el peronismo. Tanto Hugo Moyano como Antonio Caló se manifestaron además sobre la situación social y las demandas actuales del movimiento obrero. Ryder recogió información sobre otros núcleos no orgánicos, como el del gastronómico Luis Barrionuevo, y las denominadas Comisiones Internas.